El neoliberalismo convirtió en política rural el argumento de que mientras la balanza comercial agroalimentaria fuera superavitaria, las divisas por exportaciones permitirían comprar afuera lo que faltara producir aquí y, así, la alimentación del país estaba asegurada.

En consecuencia, había que apoyar prioritariamente a los productores de frutas y hortalizas como generadores de divisas, y no preocuparse demasiado por impulsar la producción interna de granos y oleaginosas, cultivos que podían comprarse a bajos precios en el mercado internacional.

Más vale exportar fresas que producir maíz, se decía cuando surgió el Sistema Alimentario Mexicano en 1980, que vinculó lo que había que producir con la dieta popular, para así reorientar los esfuerzos productivos a esos cultivos; durante los siguientes dos años se logró una recuperación prácticamente inmediata en los volúmenes producidos de maíz, frijol y otros alimentos básicos.

Con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia de la República se abandonó aquella estrategia y lo que hoy tenemos es una economía rural más polarizada que antes; sólo el 8 por ciento de las unidades agropecuarias acceden a financiamiento y apenas un 3 por ciento al seguro (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA).

Esa ínfima difusión del financiamiento es reflejo de una extrema polaridad entre unas 300 mil unidades agropecuarias de grandes extensiones tecnificadas, con riego y altos rendimientos de productos de alto valor, como frutas y hortalizas, y también maíz blanco, y más de 4.5 millones de familias que cultivan superficies muy reducidas, sujetas al temporal, carentes no sólo de financiamiento sino también de asistencia técnica, semillas certificadas y, sobre todo, de canales para la comercialización de sus bajas cosechas.

Los resultados económicos de esa polaridad hacen que México sea una potencia exportadora de frutas y hortalizas al vender al exterior 32 por ciento de lo que produce después de satisfacer el consumo interno, y un importador del 50 por ciento del maíz que necesitamos, del 66 por ciento del trigo que se panifica o se hace galletas, del 81 por ciento de arroz que consumimos y que el 18 por ciento de los productos cárnicos que comemos sean de procedencia extranjera (GCMA).

Los resultados sociales son la pobreza lacerante en que vive el 49 por ciento de la población rural, según el INEGI y, además, desamparada ante el asalto de la delincuencia organizada.

La estrategia rural del gobierno de la presidenta Sheinbaum pone por delante contribuir a erradicar la extrema pobreza. Los cinco programas para el bienestar del sexenio pasado ahora parecen poner mayor atención a sus efectos productivos; otra novedad es que por primera vez recibirán atención las condiciones laborales de dos millones de jornaleros que, por definición, son eventuales y carecen de cualquier derecho laboral.

Una de las claves para afrontar los desequilibrios sociales son los precios de garantía; Segalmex se ocupó de aplicarlos con criterios impracticables y propósitos inalcanzables durante el sexenio pasado; esa agencia —ícono de la corrupción— se fusionará con la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (Diconsa) y será la responsable de la compra de maíz y frijol, mientras que la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encargará de vincular a los productores de trigo y arroz con la industria que los procesa.

Tales operaciones se darán conforme a precios de garantía, que son el instrumento más poderoso para inducir la producción agropecuaria —no hay mejor fertilizante que buenos precios al productor—, pero Berdegué no explicó de qué manera serán operadas; tendría que ser muy diferente a como se hizo el sexenio pasado.