El precio de garantía que ofrecerán los gobiernos federal y de Sinaloa para el maíz blanco producido en esa entidad este 2023 será un respiro para los agricultores, pero solo para algunos, pues la cobertura del programa será insuficiente, lo que ya desata inconformidades y amenazas de protestas si no hay apoyos para el 100% de la producción.

Las compras gubernamentales ascenderán a 1.8 millones de toneladas —según confirmó el pasado 3 de mayo el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha— que se pagarán a 6,965 pesos por tonelada, precio 34% superior a los casi 5,200 pesos del mercado, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Lo anterior, implicaría para el gobierno federal —vía Segalmex— y el gobierno de Sinaloa el desembolso de unos 12,500 millones de pesos (sin considerar los costos de almacenaje, financieros y de flete para mover lo recibido).

El gobierno federal y el estatal ofrecieron para pequeños productores de hasta 10 hectáreas, la compra de un millón de toneladas. Para productores de hasta 50 hectáreas, la compra de un volumen de 300,00 toneladas a través de Segalmex y 500,000 toneladas a través del gobierno del estado, alcanzando así las 1.8 millones de toneladas.

Sin embargo, ese monto representa únicamente 30% de la producción de Sinaloa, estado que es el mayor productor del país, con un aporte de casi una cuarta parte de la cosecha nacional.

“La propuesta gubernamental no considera al resto de la producción (de Sinaloa) que estará entre 4 a 4.3 millones de toneladas, quienes tendrán que negociar con los compradores a precio base. Para ello, el gobierno federal quiere establecer para países sin acuerdo comercial un arancel temporal mientras se comercializa el 100% de la producción”, explicó Juan Carlos Anaya, director general del GCMA.

La apuesta del gobierno es apuntalar el precio de mercado en México retirando una parte de la producción con el precio de garantía. La función del arancel sería encarecer la importación de producto, con la clara intención de evitar que los grandes compradores miren al exterior buscando precios más bajos.

Polémica Buenrostro-Rocha

Sin embargo, la semana pasada la Secretaría de Economía afirmó desde su cuenta de Twitter que “No se impondrán aranceles al maíz, se respetarán los Acuerdos Internacionales y, por el contrario, el @GobiernoMX impulsa una política de cero aranceles a productos de la canasta básica para combatir los efectos de la inflación global y apoyar a la economía popular, principalmente en lo que respecta al maíz para consumo humano”.

El mensaje, publicado el 3 de mayo a las 20:24 horas, fue replicado dos horas más tarde desde la cuenta oficial del gobernador Rubén Rocha. “En reunión sostenida el día 1 de mayo con el Presidente @lopezobrador, en donde estuvo presente la titular de la @SE_mx, Raquel Buenrostro, el titular del Ejecutivo Federal la instruyó directamente a que de haber importación de maíz blanco de Sudáfrica y de cualquier país con quien no se tengan acuerdos comerciales, debe establecerse un arancel que evite se afecte la comercialización del maíz de los productores mexicanos”.

Más allá de esta controversia, cabe destacar que hasta el momento los productores de maíz no cuentan con reglas para los esquemas de comercialización; “esa es una situación que inquieta a los productores, porque hasta ahora no hay nada oficial. El productor quiere una certidumbre de un ingreso, que permita mantener su rentabilidad y pagar sus créditos”, detalló Juan Carlos Anaya.

Comentó que actualmente las condiciones de mercado no favorecen un buen precio, “ya que los precios de futuros están bajando y contra el año pasado han caído 28% y el tipo de cambio se ha apreciado de 20.16 a 17.90 lo que representa una disminución importante, al ya no existir una red de seguridad que antes era el Ingreso Objetivo; además se tenía la agricultura por contrato para que asegurara la comercialización de su cosecha con un comprador.

De acuerdo con el GCMA, la caída del tipo de cambio peso-dólar en lo que va del año está perjudicando el precio al productor en alrededor de 850 pesos por tonelada. El año pasado el precio pagado al productor fue del orden de 6,800 a 7,000 pesos por tonelada.