Ana Sofía Pineda | 10 de septiembre de 2026.
Agricultura tendría más recursos en 2027, pero programas de acopio, fertilizantes y producción recibirían menos fondos, con bajas aún mayores al descontar inflación.
México proyecta aumentar 17% el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para 2027, hasta 88.758,8 millones de pesos, pero tres de los principales programas vinculados directamente con los productores recibirían menos recursos. El mayor ajuste recaería sobre Acopio para el Bienestar, con una reducción nominal de 19,65%, según un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). El contraste abre una discusión central para el agro: dónde se concentrará el mayor gasto y cuánto llegará efectivamente a producción, comercialización y manejo de riesgos.
La bolsa asignada a Sader pasaría de 75.836,5 millones de pesos en 2026 a 88.758,8 millones en 2027, un incremento cercano a 12.922 millones. Sin embargo, el crecimiento global no se distribuiría de manera uniforme. Acopio para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Producción para el Bienestar tendrían reducciones presupuestarias, precisamente tres instrumentos con incidencia directa sobre comercialización, costos e ingresos de los agricultores.
El recorte más importante aparece en Acopio para el Bienestar, anteriormente denominado Precios de Garantía. Su presupuesto bajaría de 13.000 millones de pesos este año a 10.445 millones en 2027, una diferencia de 2.555 millones y una caída nominal de 19,65%. Si se descuenta una inflación de referencia del 3%, el análisis calcula una contracción real cercana al 22%.
Menos recursos para acopio, fertilizantes y producción
Fertilizantes para el Bienestar también tendría un ajuste. La asignación disminuiría de 18.200 millones a 17.000 millones de pesos, equivalente a una reducción nominal de 6,59%. Producción para el Bienestar, por su parte, pasaría de 17.472 millones a 17.000 millones, 2,7% menos. Al considerar la inflación, las bajas reales estimadas alcanzarían 9,3% y 5,5%, respectivamente.
En conjunto, los tres programas registrarían una reducción real de 11,3%, pese al incremento del presupuesto general de Agricultura. Para los productores, la composición del gasto resulta tan relevante como el monto total, debido a que estos instrumentos intervienen en cuestiones concretas como acceso a insumos, sostenimiento de la producción y condiciones de comercialización.
Al mismo tiempo, el proyecto incorpora 8.995,6 millones de pesos para Comercio Justo, una partida que no tuvo asignación presupuestaria en 2026. También aumenta con fuerza Consumo de Leche Liconsa, que pasaría de 1.539,5 millones a 2.472,1 millones de pesos, un salto nominal de 60,58%.
Otros programas muestran movimientos menores. Abasto Rural Diconsa bajaría de 2.664,1 millones a 2.644,4 millones de pesos, mientras Adquisición de Leche a Productores Nacionales disminuiría de 3.072 millones a 3.022 millones. El nuevo reparto plantea una diferencia entre recursos destinados a políticas sociales de alimentación y aquellos orientados específicamente a elevar productividad, rentabilidad y capacidad competitiva del agro.
Sanidad y desarrollo rural quedan detrás del aumento general
Uno de los puntos sensibles aparece en la sanidad agroalimentaria. El presupuesto conjunto destinado a sanidad y al funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) subiría de 5.086,1 millones a 5.200,5 millones de pesos, apenas 114,4 millones adicionales. El incremento nominal de 2,2% quedaría incluso por debajo de la inflación de referencia utilizada en el análisis.
Dentro de esa partida, el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria permanecería en 3.787,2 millones de pesos, sin incremento nominal. El gasto operativo de Senasica sería el que subiría, desde 1.298,9 millones hasta 1.413,3 millones. La disponibilidad de recursos sanitarios tiene una incidencia que excede la prevención de enfermedades: para carnes, leche, huevos, frutas y hortalizas, los controles, laboratorios y certificaciones son fundamentales para mantener habilitaciones y acceso a mercados internacionales.
El panorama es diferente cuando se observa todo el gasto destinado al desarrollo rural. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) alcanzaría 527.022,8 millones de pesos en 2027, frente a 525.634,1 millones aprobados para 2026. El crecimiento nominal sería de apenas 0,3% y, descontada una inflación del 3%, implicaría una caída real estimada de 2,7%.
Frente a esa distribución, el análisis plantea recuperar instrumentos que permitan al productor conocer parte de sus condiciones comerciales antes de sembrar. Entre las herramientas propuestas aparecen agricultura por contrato, compraventas anticipadas, coberturas con futuros y opciones, seguros, financiamiento y garantías, con esquemas diferenciados según escala, región, cultivo y nivel de riesgo.
El PPEF 2027 todavía representa una propuesta presupuestaria y, por lo tanto, las asignaciones pueden modificarse durante el proceso legislativo. La discusión para el campo mexicano no quedará limitada al aumento de 17% previsto para Sader: también estará en cuánto de ese crecimiento termina destinado a herramientas capaces de mejorar rendimientos, reducir costos, administrar riesgos y sostener los ingresos de los productores.
Fuente: AgroLatam
