“El cambio en la trayectoria de las políticas públicas no significa una crisis para el sector en el corto plazo, pero sí una erosión de lo fundamental de la economía del sector agroindustrial que, de continuar, puede generar efectos no deseados, como: pérdida del estatus fitozoosanitario; desarticulación de la cadena de suministro de grano; contracción del crédito al sector; disminución de la inversión de capital; retraso en la adopción de nuevas tecnologías, entre otros”, explica Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
No obstante, GCMA estima que el volumen de producción del campo en 2020 alcanzará 275.3 millones de toneladas, lo que representa una disminución de 2.5% respecto al cierre estimado de 2019.
Asimismo, agrega el director general de GCMA, el capítulo laboral hace patente la eliminación del trabajo infantil y el cuidado al trabajador, que podrían desatar paneles sobre las condiciones de los trabajadores agrícolas nacionales. “La modernización del Tratado de Libre Comercio era necesaria; sin embargo, los términos negociados generan amenazas para el sector exportador agroalimentario de México por incidentes ambientales, cumplimiento de acuerdos laborales e instancias para solucionar controversias”.
