A un año de la entrada en vigor del Plan contra la Inflación y la Carestía en México (Pacic), tanto los organismos de la agricultura como los pequeños comerciantes, ven fallos grandes en su implementación que han ocasionado que sea insuficiente para lograr sus metas.

Como una forma de contrarrestar los altos niveles de inflación en el país, el 4 de mayo del 2022 se lanzó el Pacic, que consiste en la implementación de una serie de medidas como estabilizar el precio de los 24 productos de la canasta básica.

Pero para el Grupo Consultor de Mercados Agricolas (GCMA) esta medida no debe limitarse únicamente a la contención de precios por parte de los productores y eliminación de aranceles para el ingreso de producto extranjero, ya que los costos de los insumos y costos de producción en algunos casos se trasladan a lo largo de la cadena, pero no siempre con la misma magnitud.

Ejemplificaron que cuando un bien agrícola sube de precio, ya sea porque es más caro producirlo o porque la oferta se reduce, el precio al consumidor final puede incrementar en un porcentaje mayor al costo del producto vendido a primera mano.

“La labor del gobierno -neoliberal o no- es vigilar el correcto funcionamiento de mercados y,  en caso de ser necesario intervenirlos. La intervención puede ser a través de investigaciones o supervisiones a los actores de la cadena para verificar que no abusen del consumidor. La apertura comercial para que productos competitivos entren a menor costo para el consumidor, pero requiere de supervisión para evitar acaparamiento, y políticas monetarias autónomas”, afirmó el grupo.
Afirmó que el fallo del Pacic y Apecic es que el gobierno federal no cuenta con personal suficiente y capacitado para llevar a cabo la supervisión y en su caso sanción a los actores que los integran, por lo que estos pueden abusar del poder que tiene sobre productores y consumidores finales.

Fuente: Milenio