La norma que busca restringir el maíz transgénico en la producción de tortilla se debe aplicar a empresas harineras y comercializadoras de granos, pues las tortillerías no pueden determinar el tipo de maíz o masa que se emplea.

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, señaló que la NOM 187 no puede dejar toda la responsabilidad del uso de granos transgénicos al último eslabón: las tortillerías.

El Estado debe vigilar el ingreso y siembra de maíz genéticamente modificados que realizan las comercializadoras y harineras, que son quienes surten de insumos a las tortillerías, expuso en entrevista.

“Si se va a tomar esta medida tiene que ser muy exacta, muy enfocada a las harineras y las comercializadoras, (las autoridades) deben tener un trabajo muy exhausto en las aduanas y la introducción de maíz.

“Aquí la forma en que nos puede llegar maíz transgénico a la tortillería es por las comercializadoras y las harineras, que llega industrializado el maíz en harina”, explicó el representante del CNT.

Casi 48 por ciento de la industria tortillera usa harina de maíz industrializado, masa adquirida con harineras, por lo que unas 60 mil tortillerías podrían ser las más afectadas si se restringe el insumo de importación para la harina, expuso.

Las tortillerías no tienen capacidad económica para invertir en los mecanismos necesarios para detectar maíces genéticamente modificados, dijo, por lo que debe ser responsabilidad del Estado vigilar el cumplimiento de esta NOM.

López García apuntó que uno de los principales retos será contar con personal que conozca sobre transgénicos, así como impulsar la productividad del campo para tener abasto para un mayor consumo de maíz nacional.

“Somos autosuficientes en maíz blanco, al día de hoy, pero ¿cuánta gente va a migrar al sistema tradicional de nixtamalización?”, cuestionó el directivo tortillero.

Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), consideró que la medida carece de sentido debido a que en el País no se permite la importación ni la siembra de maíz genéticamente modificado para consumo humano.

El especialista urgió a crear un organismo oficial que regule y certifique el tipo de grano en harineras y molinos si persista la duda sobre el origen del maíz.

“Se requerirá de una entidad que elabore certificados para que la industria de harinera y de nixtamal reciban de sus proveedores y productores un documento que determine que el insumo está libre de organismos genéticamente modificados, lo que tendrá costos adicionales (a las empresas)”, consideró.

El reto

Ante las restricciones al uso de maíz transgénico para elaborar tortilla se debe impulsar la producción de maíz blanco, la cual se ha mantenido estable en los últimos años.