La promulgación de cambios constitucionales correspondientes al maíz genéticamente modificado podría limitar la aplicación de nueva tecnología entre los agricultores y reavivar tensiones comerciales con Estados Unidos, alertan expertos.

Rubisel Velázquez, ex negociador de la parte agropecuaria en el T-MEC, consideró que será relevante revisar a detalle las leyes secundarias para despejar la ambigüedad sobre qué tipo de tecnologías se pueden aplicar en la siembra.

“Está dejando la puerta abierta a otras prohibiciones que no necesariamente sean transgénicas, como técnicas que mejoran el maíz, que ayudan a su rendimiento o técnicas pensadas para una mejor resistencia al cambio climático o polinización cruzada, que no son transgénicas, sino mejoramiento genético.

“Hay que ser muy cuidadosos de no dar un paso atrás en el tema de innovación. Cada vez hay una mayor demanda de productos agrícolas”, dijo el especialista en entrevista reciente.

Para Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), los cambios decretados el lunes de la semana pasada nuevamente cuestionan los efectos del maíz genéticamente modificado, lo cual reavivaría tensiones con EU por descalificar sin evidencia científica un tipo de cultivo.

“Se ha determinado la aplicación de estrictos criterios para la evaluación de este tipo de maíz cuando esté destinado al consumo humano y otros usos, lo que podría reavivar tensiones comerciales con Estados Unidos y generar represalias económicas en el marco del T-MEC”, advirtió el directivo en entrevista la semana pasada., agroalimentaria y tenemos que hacer usos de innovación, tecnología e inteligencia artificial, de todo lo disponible para atender la demanda

A diferencia del primer decreto de 2020, en el que se buscaba restringir por completo el uso del glifosato, y el de 2023, en el que se buscaba limitar el consumo de maíz transgénico, para Rubisel en este último decreto sobre el maíz no incide directamente sobre los intereses de Estados Unidos y Canadá, pues se enfoca principalmente a la siembra en el territorio nacional.

No obstante, ambos especialistas coincidieron en la importancia de que las políticas públicas se basen en evidencia científica para evitar tanto conflictos comerciales, como afectaciones a los agricultores.