Don Giovanni | 07 de noviembre de 2025.
La presión campesina en Guanajuato por un aumento en los precios de garantía del maíz blanco ha puesto la mira en las grandes empresas compradoras. La inconformidad se centra en la industria harinera que mantiene el precio base en 5,200 pesos por tonelada y amenaza con bajarlo hasta los 4,750.
La protesta se trasladó a las puertas de las compañías. En Silao, se mantiene bloqueada la planta de Maseca. En Irapuato, campesinos cercaron la transnacional Cargill, y en Pénjamo, la empresa Sakxim también fue bloqueada. Solo en Celaya, el intento de protesta frente a Bachoco se frenó tras un acuerdo para comprar entre 70 y 80 mil toneladas de sorgo.
“Se le está exigiendo a las empresas harineras que sean parte de este acuerdo de precios más justos”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con efectos aún no vistos en la industria, que basa la resistencia en que le sale más barato importarlo que incluso trasladarlo desde el campo mexicano.
Ignorar a los productores y no respaldar su exigencia frente a la industria sería un balazo en el pie para el gobierno federal y su discurso de soberanía alimentaria. Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México apenas alcanza la autosuficiencia. Y las políticas públicas, que concentran apoyos en pequeños productores de menos de cinco hectáreas (quienes aportan solo 22% del volumen nacional), excluyen a los medianos y grandes, responsables del 75% de la producción.
Entre tanto, el ruido político en torno a las protestas ha intentado desviar la discusión. Se habló de intervenciones partidistas, se ridiculizó a los inconformes por su vestimenta “cara” o el costo de sus tractores —porque algunos esperaban verlos en traje de manta, sombrero de paja y arrastrando una yunta—, cuando hay una realidad ineludible: sin precios justos, la producción nacional cae y se va hacia la dirección contraria que ha prometido la Cuarta Transformación.
Fuente: Periódico Correo
