Pedro Matute | 12 de mayo de 2026.
Cada mes, millones de familias en zonas urbanas de México enfrentan una presión que los titulares de inflación no siempre capturan con precisión: el costo de lo mínimo indispensable para subsistir crece a un ritmo distinto y más acelerado que el promedio general de los precios en la economía. En los últimos ocho años, la canasta básica alimentaria acumuló un encarecimiento de 67%, frente a una inflación general de 45% en el mismo lapso. Detrás de esa divergencia hay factores que van desde los campos de cultivo hasta los anaqueles del mercado, pasando por intermediarios, costos logísticos y estructuras de comercialización que se retroalimentan. El resultado más reciente lo documentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su reporte de abril de 2026.
El dato de partida: cuánto cuesta vivir en la ciudad
De acuerdo con el Inegi, la línea de pobreza por ingresos en el ámbito urbano —que equivale al costo de la canasta alimentaria y de bienes y servicios no alimentarios— alcanzó en abril de 2026 los 4,554.23 pesos mensuales por persona. Ese monto registró un aumento anual de 5.7%, cifra que supera la inflación general del país, ubicada en ese mismo mes en 4.4%.
La brecha se amplía al examinar únicamente la canasta alimentaria. El valor de esa canasta, que define la línea de pobreza extrema, registró una variación anual de 8.3% tanto en el ámbito rural como en el urbano, de acuerdo con el boletín de Líneas de Pobreza publicado por el Inegi el 11 de mayo de 2026. En términos concretos, el costo de los alimentos esenciales creció 3.3 puntos porcentuales por encima de la inflación general.
La divergencia no es exclusiva del periodo reciente. Un análisis con datos del Inegi publicado señaló que, en los últimos ocho años, la canasta alimentaria acumuló un encarecimiento de 67%, frente a una inflación general de 45% en el mismo lapso. La brecha de 22 puntos porcentuales confirma que el fenómeno tiene raíces estructurales, no coyunturales.
El jitomate como termómetro de la volatilidad agrícola
El Inegi identificó tres productos con mayor incidencia en el alza anual de la canasta alimentaria urbana durante abril de 2026: jitomate, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, y papa.
El jitomate resultó el más determinante. Su precio registró una variación anual de 121.1% y una incidencia relativa de 32.4% sobre la variación total de la canasta alimentaria urbana. La papa acumuló un incremento anual de 45.3% —con una incidencia de 9%—, mientras que los alimentos y bebidas fuera del hogar, aunque con una variación más moderada de 6.8% anual, concentraron una incidencia de 25.1% por el peso que tienen en el gasto de los hogares.
La inflación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de abril de 2026 también reflejó esa presión: el jitomate registró una variación mensual de 19.25%, el chile serrano de 36.27% y la papa de 12.23%, todos entre los genéricos con mayor incidencia al alza en ese periodo.
Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), explicó que las frutas y hortalizas registran alta volatilidad por factores como la estacionalidad, las condiciones climáticas y los costos logísticos. Sin embargo, advirtió que existen elementos adicionales de carácter estructural: la intermediación y las extorsiones en la cadena de distribución.
La cadena de intermediación: del campo al anaquel
Anaya detalló que el jitomate puede salir del campo con un precio aproximado de 17 pesos por kilogramo y llegar al consumidor hasta en 60 pesos, lo que representa un margen de comercialización superior al 220%. A su juicio, ese diferencial refleja una transmisión ineficiente de precios dentro de la cadena de valor, en la que el productor recibe una proporción mínima del valor final.
La presencia de múltiples intermediarios provoca que el precio se incremente de manera significativa desde el campo hasta los puntos de venta. A ese problema se suman extorsiones, bloqueos carreteros y problemas de seguridad que afectan la logística y distribución de los productos agrícolas. Ante ese escenario, Anaya hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para analizar los márgenes de comercialización en cada eslabón de la cadena e identificar dónde se concentran los mayores márgenes de ganancia.
Los costos operativos que presionan los precios finales
La tortilla ilustra con claridad cómo los costos operativos presionan el precio final independientemente del precio del insumo principal. Anaya señaló que, aunque el precio del maíz ha disminuido cerca de 20%, ese insumo representa únicamente entre el 35 y el 40% del costo total de producción. El incremento en los costos operativos tras las reformas laborales recientes ha generado presión financiera para productores y comercializadores. El aumento al salario mínimo, junto con las tarifas eléctricas, el gas, las rentas, el mantenimiento de maquinaria y los costos de transporte, inciden directamente en el precio final del alimento.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señaló por su parte que los energéticos también presionan el sistema: el diésel se ubica por encima de los 30 pesos y la gasolina premium supera los 29 pesos por litro. A ello se añaden la inseguridad y la extorsión, que generan incertidumbre y encarecen la operación comercial.
Los datos del Inegi para abril de 2026 confirman esa presión desde los energéticos: la gasolina de alto octanaje registró una variación mensual de 6.16% y el gas doméstico LP subió 1.56% en el mismo periodo, ambos entre los genéricos con mayor incidencia positiva en el INPC.
Una carga desigual para los hogares de menores ingresos
El encarecimiento diferenciado de los alimentos no impacta a todos los hogares por igual. Tiare Stephanie León-Bon y Alejandro Díaz-Bautista, investigadores que analizaron el comportamiento de los precios entre 2007 y 2019, estimaron que la pérdida de bienestar económico de los hogares en condición de pobreza por efecto de la inflación alimentaria fue de aproximadamente 71% tanto en zonas rurales como urbanas.
Su análisis mostró que en los hogares con los niveles de gasto más bajos, la proporción del presupuesto destinada a alimentos va del 60 al 85%. Eso significa que cualquier alza en los precios de los alimentos básicos impacta de manera desproporcionada a quienes tienen menos margen de ajuste: les resulta más difícil sustituir productos cuando los precios suben y tienen menos capacidad de absorber incrementos sin sacrificar otros rubros del gasto.
La respuesta del gobierno
Ante el alza sostenida, el gobierno federal mantiene el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), cuya renovación más reciente ocurrió en abril de 2026. El acuerdo establece que los empresarios mantengan el costo de 24 productos esenciales en 510 pesos para una familia de cuatro integrantes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también ha comunicado que se continuarán aplicando estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel para amortiguar el impacto de las tensiones en los mercados internacionales.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) informó que el salario mínimo general vigente en 2026 es de 9,582.47 pesos mensuales, lo que representa un aumento de 13% respecto al año anterior. De acuerdo con ese indicador, el salario mínimo permite actualmente adquirir 1.34 canastas básicas, frente a las 0.78 que podían comprarse al cierre de 2018, una recuperación acumulada de 152% a partir de la inflación general.
Los márgenes de acción
Sin embargo, ese indicador corresponde a los trabajadores que perciben exactamente el salario mínimo, un universo que no refleja la situación de todos los hogares en condición de vulnerabilidad económica ni de quienes trabajan en la informalidad.
Los datos de abril de 2026 confirman lo que la tendencia de largo plazo ya mostraba: mientras los productos agrícolas siguen siendo altamente sensibles a la estacionalidad, los costos logísticos, la intermediación y la inseguridad, la canasta alimentaria difícilmente convergirá al ritmo de la inflación general. La distancia entre ambos indicadores no es solo un dato estadístico. Es el reflejo de las tensiones acumuladas en los mercados de alimentos en México y de los eslabones de una cadena que, desde el campo hasta el anaquel, impone costos que terminan siendo absorbidos por el consumidor final.
Fuente: Líder Empresarial
