Redacción | 12 de diciembre de 2025
A esta falta de definición se suma la concentración de mayores atribuciones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que ha encendido alertas sobre posibles afectaciones jurídicas y ha abierto la puerta a nuevas manifestaciones y bloqueos en diversas regiones del país, advirtió Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en un análisis.
La aprobación, el pasado 5 de diciembre, de la nueva Ley General de Aguas y de las reformas de la Ley de Aguas Nacionales en el Congreso de la Unión implica un cambio profundo en la política hídrica nacional.
Aunque se pretende priorizar el consumo humano y mejorar la administración del recurso, organizaciones de productores y especialistas advierten que el marco legal puede tener impactos negativos en actividades agropecuarias que dependen directamente de volúmenes seguros y continuos de agua.
¿Derechos contrapuestos?
GCMA recordó que el artículo 4 constitucional establece dos derechos de igual jerarquía: el derecho humano al agua y el derecho a la alimentación.
En este sentido, el organismo advirtió que la disponibilidad de agua para consumo doméstico y para producir alimentos debe garantizarse de forma simultánea, algo que la reforma no detalla con precisión.
Uno de los puntos más sensibles para los productores es la centralización de facultades en Conagua, que ahora podrá administrar, otorgar, revisar y revocar concesiones, cesiones y transferencias.
La indefinición sobre la posible transmisión de concesiones de agua, ya sea por herencia de la tierra o por la compra-venta de la tierra agrícola que tenga fuentes de agua, genera incertidumbre sobre los derechos adquiridos y puede afectar el valor de las propiedades rurales y la planificación de largo plazo.
Lo anterior, debido a que se cambió la figura de transmisión de derechos a “reasignación de volúmenes”.
Concentración de facultades en Conagua
Además, GCMA considera que Conagua puede enfrentar limitaciones institucionales para atender inspecciones, trámites y verificaciones, por lo que un aumento de responsabilidades sin un fortalecimiento operativo puede derivar en retrasos, incertidumbre y pérdidas económicas en zonas productivas.
Pero también la concentración de atribuciones puede dar a decisiones discrecionales sobre la gestión del agua, lo que a su vez despertará la incertidumbre jurídica.
En este sentido, la falta de certeza jurídica puede desalentar la inversión en infraestructura. El GCMA alerta que los productores pueden estar en menor disposición para invertir en pozos, sistemas de riego y tecnificación, lo que pondrá en riesgo la productividad agrícola y la competitividad de las regiones.
Desde la antes de la reforma, se han presentado protestas, bloqueos carreteros y críticas de organizaciones de productores, especialistas y académicos, destaca el análisis.
Reformar la reforma
El GCMA propone que, para mejorar realmente la gestión del agua, se deben poner en marcha acciones estructurales, como la inversión en infraestructura estatal y municipal, la modernización de sistemas de riego, la tecnificación parcelaria, la supervisión rigurosa y los incentivos para el uso sustentable del recurso.
El organismo concluye que el nuevo marco legal representa una oportunidad para mejorar la gestión del agua en el país, pero su éxito dependerá del reglamento pendiente y de que la puesta en operación garantice “certeza jurídica, equilibrio entre derechos y una Conagua fortalecida”, capaz de asumir nuevas funciones con criterios técnicos y no políticos.
Fuente: Fortuna y Poder
