El proyecto de reforma constitucional, que recientemente envió el gobierno federal al Congreso de la Unión para prohibir la siembra y cultivo de maíz transgénico, constituye una medida que pretende balancear la intención de proteger las variedades de maíz nativo con la obligación de respetar los compromisos comerciales de México con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) —empresa de consultoría— sugirió que la ley debe autorizar claramente la importación de ese tipo de maíz al mercado nacional, en beneficio del mercado nacional y como una señal de cumplimiento de México con sus compromisos comerciales internacionales.

El gobierno mexicano envió el martes pasado a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, en aras de prohibir la siembra y cultivo del maíz genéticamente modificado transgénico —como le llama el gobierno mexicano—, con objeto de proteger las variedades locales como un símbolo de “identidad nacional”, además de garantizar el cultivo del maíz por técnicas agroecológicas, libre de semillas transgénicas.

Los diputados pueden comenzar a discutir este proyecto a partir del próximo 1 de febrero, cuando comenzará el segundo periodo ordinario de sesiones.

GCMA consideró en un comunicado que “mantener la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado en México resguardaría las variedades nativas y mantendría un equilibrio ecológico”, asimismo “esta postura busca balancear las demandas comerciales con la necesidad de proteger la biodiversidad y la soberanía alimentaria del país”.

Sin embargo, la empresa de consultoría recomendó permitir la importación de maíz genéticamente modificado en el país, porque la disponibilidad de mayor grano contribuirá a garantizar inventarios suficientes y mantener la estabilidad de precios en el mercado nacional al no enfrentar periodos de escasez.

Asimismo, mantener la apertura del mercado nacional a las importaciones de maíz transgénico permitirá a México cumplir sus compromisos con sus socios comerciales y no enfrentar nuevos conflictos.

GCMA recordó que, el pasado 20 de diciembre, un panel de solución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) emitió una resolución que considera violatorio del pacto comercial un decreto del gobierno mexicano que prohíbe la importación, siembra y uso del maíz transgénico para consumo humano y que establece su retiro gradual para los consumos industrial y animal.

El panel dio a México un plazo de 45 días para ajustarse a la resolución.

“Aceptar la importación del grano aseguraría el cumplimiento de los compromisos asumidos bajo el T-MEC, fortaleciendo la relación con Estados Unidos y evitando posibles represalias económicas. Esta medida preservaría el acceso al mercado estadounidense para otros productos mexicanos y consolida la estabilidad de las exportaciones agrícolas entre ambas naciones”, aseguró GCMA.