Columna Invitada | 22 de enero de 2026
En 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se abrió en Chiapas una planta que aseguraba producir mil millones de moscas estériles a la semana con el objetivo de combatir al gusano barrenador. Dicha planta, llamada Ingeniero Jorge Gutiérrez Samperio, no solo no cumplió su propósito, nunca inició actividades y además fue cerrada. Al final no se concretó y se convirtió en una construcción más que costó muchos recursos. Hoy sirve como instalación de la Guardia Nacional.
Se han cumplido ya ocho meses de que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunciara que los Estados Unidos habían tomado la decisión de cerrar la frontera al ganado mexicano a causa del gusano barrenador; supuestamente este cierre sería por 15 días, hasta este momento nadie sabe hasta cuándo se cancelará esta medida.
Para finales del año pasado, el sector ganadero en México había presentado pérdidas mayores a mil 400 millones de dólares, es decir más de 25 mil 549 millones de pesos, a causa del cierre comercial. Según datos de los expertos e investigadores del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, se han dejado de importar alrededor de un millón de cabezas de ganado.
Según Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), en su Informe de Casos Acumulados de Gusano Barrenador del Ganado actualizado al 20 de noviembre de 2025, en total se han detectado más de 14 mil casos en varias especies, incluyendo 101 humanos, siendo los estados de Chiapas (5 mil 517), Oaxaca (2 mil 171) y Veracruz (2 mil 037), las entidades que encabezan esta lista; en Veracruz, Uxpanapa, Las Choapas y Tierra Blanca son los municipios con más casos.
Los datos son relevantes y nos muestran la realidad de las pérdidas para el sector ganadero. Esta realidad en cifras choca, una vez más, con el discurso oficialista que minimiza las afectaciones y el terrible impacto económico que ha generado la plaga.
En este tema, como en muchos otros que se encuentran en verdadera crisis en el país, como la salud, por ejemplo, el gobierno federal ha sido negligente y omiso. Se sabe, por investigaciones periodísticas, que desde 2020 el gobierno del entonces presidente López Obrador, realizó un estudio técnico sobre las consecuencias que traería para el país un posible rebrote, no se tomaron medidas para detenerlo y hoy se viven las consecuencias.
México fue pionero en la lucha contra el gusano barrenador y el primer país en utilizar la Técnica del Insecto Estéril (TIE) a gran escala, lo que lo llevó a declararse libre del gusano en 1991; en cooperación con Estados Unidos desarrollaron la “Cepa Arriaga 82” en la planta de Chiapa de Corzo en Chiapas, lo que marcó un hito en la producción de moscas estériles; durante treinta años nuestro país mantuvo una barrera de contención que impidió que pasara la plaga.
¿Qué pasó? La negligencia, la falta de prevención y la falta de seriedad para atender un problema; eso pasó. El Estado no solo falló en prevenir, está fallando también en atender. La vigilancia epidemiológica ha sido débil, la comunicación con los productores deficiente y los apoyos económicos se diluyen entre trámites, discursos y excusas de presupuesto. La carga ha recaído en el eslabón más vulnerable: los productores.
Todo este caso es una muestra clara de que el gobierno ha preferido mirar hacia otro lado y distraerse en muchas otras cosas. Si el problema no le es rentable políticamente, mejor no lo ven. Los productores enfrentan pérdidas severas que, al parecer, nadie les va a reponer; el riesgo de perder años de trabajo está latente, la respuesta oficial es tardía, fragmentada y casi inexistente.
No sobra enfatizar que la detección de los primeros casos de este nuevo brote se dio en noviembre de 2024; ocho meses después del cierre de la frontera no hay solución y, además, es clarísimo que los productores tendrán que esperar todavía más pues, según el anuncio de la presidenta, la nueva planta de producción de moscas estériles que se construye en Chiapas, estará lista hasta junio de 2026, es decir, más tiempo, más pérdidas.
Este problema ha revelado una visión corta que subestima al campo y normaliza sus pérdidas. Cada cabeza de ganado afectada representa ingresos mermados, empleos en riesgo y una comunidad entera que tiene que vivir en condiciones precarias.
No dejaremos de señalar que este tema es de vital importancia para el desarrollo agropecuario del país, no vamos a dejar de manifestarnos y hacer un llamado a todas las autoridades competentes, porque es su deber atender el problema de forma urgente y eficiente. Seguir ignorando al sector ganadero hoy significa hipotecar el futuro productivo del país.
Fuente: El Heraldo de México
