Mariana Otero | 21 de octubre de 2025
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) que encabeza Julio Berdegué, publicó modificaciones a las reglas del Programa de Precios de Garantía 2025, en una acción que apunta a fortalecer el ingreso de los pequeños productores mientras que, en el tema productivo, los especialistas temen algunos riesgos.
El mensaje es claro: se quiere proteger el ingreso de quienes siembran con menos recursos, por eso se fijó en ocho mil pesos por tonelada el maíz nativo pigmentado, en siete mil el maíz híbrido blanco y amarillo, en 27 mil el frijol y en once pesos con 50 centavos el litro de leche, además se definió como beneficiarios a quienes tienen hasta cinco hectáreas, con límites de rendimiento y de volumen, y se anunció que el grano servirá para surtir a la red de abasto del gobierno.
En contraste a la visión gubernamental, el Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios (GCMA) aporta datos que abonan a la discusión al señalar que los productores de escala comercial, que son apenas una cuarta parte de las unidades de producción, aportan cerca de siete de cada diez toneladas de maíz que se cosechan en el país y, aún así, quedaron fuera de este esquema, por lo que no cuentan con un ingreso mínimo que les dé certidumbre para planear siembra, contratar coberturas, financiar insumos y sostener inversión en tecnología.
Para el GCMA, los beneficiarios de hasta cinco hectáreas concentran la gran mayoría de las unidades, pero generan poco más de una cuarta parte de la producción total y, de ese volumen, una proporción relevante se consume en casa, lo que hace muy valioso el apoyo social para estabilizar comunidades, pero limitado si el objetivo es mover la aguja de la autosuficiencia.
El caso del frijol ilustra bien el desafío, porque la producción nacional ronda las ochocientas cincuenta mil toneladas y los estados líderes son Zacatecas, Durango y Chihuahua, que en conjunto aportan casi dos terceras partes del total, allí el precio de garantía de veintisiete mil pesos por tonelada queda muy por encima del mercado, que se mueve entre diez y catorce mil, y los actores locales ya advierten que ese diferencial puede ahuyentar a compradores privados y complicar la logística de acopio si la operación pública no es puntual y transparente.
En la leche ocurre algo parecido, pues mantener un precio oficial por encima del mercado encarece el abasto social y presiona el presupuesto, por lo que hay rutas más finas para sostener al pequeño productor, como apoyos directos por litro producido sin atarlo al acopio gubernamental y compras públicas al precio del mercado para que el gasto rinda más, y aquí también vale la pena que la Comisión Federal de Competencia Económica revise que la intervención estatal no desplace injustamente a quienes ya invierten en frío, inocuidad y distribución.
El piloto para el maíz nativo pigmentado es, en lo simbólico y en lo económico, un reconocimiento necesario; sin embargo, inicia con acopio concentrado en tres entidades y con techos de rendimiento que castigan la productividad. Además hay regiones con maíces nativos consolidados que hoy venden por arriba de ocho mil pesos en nichos gastronómicos y de valor agregado, por lo que el precio de garantía no ordena ni dinamiza, simplemente no aplica, y si de verdad queremos transformar ese mercado conviene apostar por trazabilidad, certificación de origen, compras públicas con reglas claras y contratos que den escala y reputación.
El espíritu de la medida es correcto al cuidar a los más vulnerables y reconocer al maíz nativo, pero si el objetivo es sumar toneladas, empleo rural y autosuficiencia, valdría la pena analizar esquemas que permitan el equilibrio entre los apoyos a los pequeños y los incentivos para fortalecer la productividad a los productores comerciales que faciliten el acceso al financiamiento, seguros y logística, es decir, apuntar a un mismo destino: producir más y mejor en casa, sin dejar a nadie atrás.
Fuente: El Heraldo de México
