El panorama agroalimentario mexicano enfrenta un giro inesperado; se avecina una fecha límite que podría reconfigurar la relación comercial con nuestros vecinos del norte y, por supuesto, impactar directamente en nuestros bolsillos

El centro de la controversia: el maíz transgénico. Y el reloj corre. Según expertos en comercio internacional, como Jorge Molina, el gobierno mexicano cuenta con apenas 45 días, hasta el 3 de febrero, para revertir el decreto que prohíbe su uso para consumo humano.

Esta decisión se basa en el fallo de un panel del T-MEC, que declaró “inconsistente” la prohibición al maíz transgénico por falta de evidencia científica que justifique tal medida. “Básicamente es echar para atrás el decreto,” explica Molina, quien además advierte sobre las posibles consecuencias del incumplimiento: la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y Canadá.

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), refuerza este panorama. Su análisis coincide: “los decretos emitidos el 31 de diciembre de 2020 y el 13 de febrero de 2023 no presentan evidencia científica que demuestre que el maíz genéticamente modificado (OGM) cause daño a la salud humana, animal o al medio ambiente”.

Las implicaciones son amplias. Anaya puntualiza que México deberá:

• Permitir las importaciones de maíz transgénico.
• Eliminar el decreto del 13 de febrero de 2023.
• Reconocer la ausencia de evidencia científica sobre daños del maíz OGM.
• Negociar el uso de maíz transgénico para consumo humano directo.

El desafío para México radica en encontrar un equilibrio entre la soberanía alimentaria y las exigencias del mercado internacional, un reto que definirá el rumbo de la política agrícola nacional en los próximos meses.