Carlos Bojórquez Robles | 11 de septiembre de 2026.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 plantea un incremento de 17% nominal en los recursos destinados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al pasar de 75,837 millones de pesos aprobados para 2026 a 88,759 millones de pesos. Sin embargo, el aumento no se refleja de manera uniforme en los principales instrumentos de apoyo a la producción agropecuaria.
Desafíos pendientes
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) señaló que, aunque el presupuesto de la dependencia representa un crecimiento real de 13.6%, varios programas vinculados directamente con la producción, comercialización, fertilización y sanidad registran reducciones reales.
Entre ellos destaca Acopio para el Bienestar, con una caída real de 22%; Fertilizantes para el Bienestar, que disminuye 9.3%; Producción para el Bienestar, con una reducción de 5.5%, y Sanidad e Inocuidad, que baja 2.9%.
En conjunto, los tres principales programas agrícolas —Acopio, Fertilizantes y Producción para el Bienestar— presentan una disminución real de 11.3%, situación que, de acuerdo con GCMA, obliga a revisar la composición del gasto y su capacidad para generar mayor productividad y rentabilidad.
El organismo consideró que el propio PPEF reconoce los principales desafíos del sector, entre ellos elevar la producción y competitividad, fortalecer la seguridad alimentaria, impulsar la innovación, enfrentar el cambio climático y mejorar la administración de riesgos. No obstante, advirtió que todavía faltan instrumentos suficientes para convertir ese diagnóstico en una política productiva integral.
Certidumbre antes de sembrar
Para los productores de granos, GCMA planteó recuperar mecanismos que permitan conocer las condiciones de comercialización antes de establecer un cultivo. Entre ellos mencionó contratos anticipados de compraventa, Agricultura por Contrato, bases regionales, coberturas de futuros y opciones, seguros, financiamiento y garantías.
La meta, señaló, debe ser establecer un precio justo o un ingreso garantizable vinculado con el comportamiento del mercado y los costos eficientes de producción. El productor debería conocer antes de sembrar quién comprará su cosecha, cuánto adquirirá y bajo qué fórmula se determinará el precio.
En frutas y hortalizas, el reto se concentra en sanidad, inocuidad y trazabilidad, mientras que para el sector pecuario GCMA consideró indispensable fortalecer al Senasica para proteger la producción, los inventarios y el acceso a mercados internacionales.
El organismo también planteó una política diferenciada por tamaño de productor, región, cultivo y nivel de riesgo, así como mayor impulso a la tecnificación, agricultura de precisión, mecanización, semillas, genética y eficiencia en el uso del agua.
El trasfondo es la seguridad alimentaria. Según GCMA, México produce aproximadamente 42% de sus requerimientos de granos y oleaginosas, por lo que una dependencia elevada del exterior expone al país a conflictos geopolíticos, problemas logísticos, volatilidad de precios y restricciones comerciales.
«El PPEF 2027 tiene una oportunidad: transformar un mayor presupuesto para Sader en una verdadera política de producción. El campo mexicano no necesita solamente apoyos; necesita certidumbre para sembrar, producir, invertir y comercializar. El productor de granos necesita precio e ingreso; el hortofrutícola necesita sanidad y mercados; el pecuario necesita protección sanitaria; y la agroindustria necesita integración y competencia justa», apuntó Juan Carlos Anaya, director general de GCMA.
«La política agroalimentaria debe dejar de medirse por cuánto recurso entrega y comenzar a medirse por cuánto aumenta la productividad, la producción, la rentabilidad y la seguridad alimentaria de México», añadió.
Productores sinaloenses ponen el foco en Comercio Justo
El incremento propuesto para la Sader en el PPEF 2027 es visto con cautela por los productores sinaloenses. Aunque representa un avance en materia presupuestal, el verdadero impacto dependerá de que los nuevos recursos se traduzcan en mecanismos eficaces de comercialización y lleguen oportunamente al agricultor.
Jesús Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), destacó como uno de los principales elementos de la propuesta la creación del programa Comercio Justo, que contempla 11,858.36 millones de pesos y busca fortalecer los mecanismos de comercialización de granos, particularmente para atender situaciones coyunturales como las enfrentadas durante 2026.
El dirigente agrícola consideró relevante que este instrumento responda a una demanda planteada por las organizaciones de productores ante el Gobierno Federal, en un escenario donde la comercialización se ha convertido en uno de los principales retos para la agricultura comercial.
«Es un buen avance», señaló Rojo al referirse al incremento presupuestal para la Sader, al considerar que la dependencia se encuentra entre las que presentan un mayor crecimiento dentro del proyecto federal. Agregó que también es positivo que se mantengan recursos para bienes públicos considerados estratégicos, como sanidad e inocuidad alimentaria, investigación, pesca y acuacultura.
No obstante, reconoció que algunos programas tendrán ajustes a la baja, entre ellos Fertilizantes para el Bienestar, Acopio para el Bienestar y Producción para el Bienestar. La orientación del presupuesto, explicó, parece privilegiar los bienes públicos, la producción y, de manera particular, la comercialización.
El siguiente paso será definir la operación. CAADES plantea que productores, Gobierno de Sinaloa y Sader trabajen conjuntamente en los mecanismos y esquemas que permitan distribuir los recursos de acuerdo con las condiciones de cada cultivo, mercado y ciclo agrícola.
Rojo advirtió que será hasta conocer las reglas de operación, los montos disponibles por cultivo y las condiciones de precios cuando pueda determinarse si los 11,858 millones de pesos destinados a Comercio Justo serán suficientes o será necesario gestionar recursos adicionales.
Agilidad, la condición para que el presupuesto funcione
Luis Xavier Zazueta, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), coincidió en que el aumento presupuestal es significativo, pero subrayó que un mayor presupuesto no necesariamente significa un mayor apoyo directo al productor.
También destacó la nueva partida de Comercio Justo, al considerar que representa un avance para fortalecer la comercialización de granos y atender uno de los principales problemas que enfrentan los productores.
Sin embargo, puso el acento en la necesidad de mejorar la dinámica de operación de los programas. Recordó que se planteó que los apoyos destinados a la comercialización de granos, particularmente maíz, serían entregados de manera ágil y expedita, pero los pagos han registrado retrasos.
Para Sinaloa, este aspecto resulta especialmente relevante debido al peso de la agricultura comercial. La producción agrícola requiere capital de trabajo constante para cubrir labores, insumos, financiamiento y preparación de los siguientes ciclos, por lo que un pago tardío puede convertirse en un problema de liquidez para las unidades productivas.
Zazueta consideró que los recursos previstos para 2027 deben ejercerse de manera responsable, pero también con rapidez, para que lleguen directamente a quienes los necesitan.
Fuente: Debate
