Redacción | 18 de marzo de 2026
La iniciativa del Ejecutivo Federal mexicana para establecer una Certificación Laboral Agroexportadora representa un esfuerzo significativo para posicionar a México favorablemente en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este movimiento busca fortalecer la credibilidad del sector agroalimentario mexicano, un pilar fundamental para el suministro de alimentos tanto en el mercado estadounidense como a nivel global.
Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), subraya que el éxito de esta política dependerá en gran medida de su diseño operativo. Según Anaya, la certificación debe ser concebida como una herramienta estratégica que garantice el cumplimiento de estándares internacionales en sostenibilidad y normativas laborales. Esto es crucial, ya que el sector exportador se erige como uno de los pocos generadores estables de divisas para la economía nacional.
Anaya también advirtió que el liderazgo agroalimentario del país no puede fundamentarse únicamente en las cargas regulatorias que afronta el sector productivo. Indicó que la certificación laboral no debe traducirse en una carga administrativa o financiera que recaiga exclusivamente sobre los exportadores, puesto que esto podría comprometer la competitividad internacional de uno de los sectores más dinámicos del país.
Para asegurar que la implementación de esta certificación sea efectiva y no ponga en riesgo la capacidad productiva, es vital que el gobierno federal ofrezca un marco de reglas claras, favorables y una implementación gradual. Además, Anaya enfatiza la necesidad de estímulos que faciliten la formalización laboral, especialmente dirigiéndose a pequeños y medianos productores que son fundamentales en las cadenas de exportación.
En un contexto de elevación de los estándares laborales en México, Anaya sostiene que es legítimo exigir condiciones equivalentes en los campos agrícolas de Estados Unidos, que compiten directamente con la producción mexicana. Esta perspectiva destaca la importancia de un enfoque amplificado que contemple reciprocidad en las condiciones laborales entre los países socios comerciales.
La posición del GCMA es clara: la certificación tiene el potencial de convertirse en una ventaja estratégica genuina. Según Anaya, solo a través de una visión de responsabilidad compartida, donde la política esté acompañada de incentivos del estado y establezca estas condiciones de reciprocidad, se podrá fortalecer la competitividad del sector agroalimentario mexicano en el comercio internacional.
Con el objetivo de mantener y elevar la competitividad del campo mexicano, es fundamental que el camino hacia la certificación laboral sea uno que incentive, apoye y no limite las capacidades productivas. Así, el futuro del sector agroexportador en México no solo dependerá de su adaptación a nuevos estándares, sino también de la colaboración entre el gobierno y los productores.
Fuente: Columna Digital
