23 de nov. (Axis negocios) — Uno de los objetivos al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la seguridad alimentaria, especialmente en torno al maíz, del cual se buscaba reducir la importación. Ahora, a un año de finalizar, dicho objetivo está lejos de cumplirse, alertaron representantes del sector agroindustrial.

Estimaciones del sector apuntan a que México podría convertirse en el mayor importador de maíz el próximo año –con entre 20 y 24 millones de toneladas–debido a factores como la sequía, aunado a políticas que desincentivan el uso de tecnología en la producción del grano.

“Tenemos más de 70% de productores que son de autoconsumo, con menos de cinco hectáreas. La realidad es que mientras no tengamos un cambio cultural en la siembra de maíz no vamos a aumentar la producción”, Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, durante su participación en el Foro Maíz Transgénico: Un Espacio de Diálogo para Sembrar Conocimiento.

De acuerdo con datos del grupo, en octubre la importación de maíz alcanzó las 16.3 millones de toneladas, 15.7% más respecto al mismo mes del año anterior, lo que significó un récord. Las estimaciones también apuntan a que en los próximos 10 años la importación podría subir a 50% del consumo total de maíz; mientras que la producción podría caer hasta 40%.

Ante ello, representantes del sector agroindustrial hicieron un llamado para cambiar la estrategia implementada por el gobierno de México para cumplir con el objetivo de la seguridad alimentaria, mediante una alianza público-privada, así como el uso regulado de agroquímicos.

“Si no estamos todos con la misma visión y en el mismo barco, va a ser muy difícil lograr los objetivos porque tienes políticas públicas que prohíben cosas que el agricultor necesita para aumentar su producción”, dijo José Cacho Ribeiro, vicepresidente ejecutivo de Grupo Minsa, al participar en el foro organizado por el Consejo Nacional de la Tortilla.

Ejemplo de ello es el decreto, publicado por el gobierno de México primero en 2020 y modificado en febrero de este año, para prohibir el uso de maíz genéticamente modificado –o transgénico– y que también contempla la prohibición gradual del uso de glifosato como herbicida, no solo genera incertidumbre jurídica, sino que deja a los productores mexicanos en desventaja frente a sus pares de otros países, como Estados Unidos y Brasil.

“Si prohíbes el uso [de tecnologías] qué vas a hacer, reducir la producción. Hay que regular su uso. Es necesaria esa regulación, pero prohibir el uso de esa tecnología a lo que te va a llevar es a reducir la producción, y a quien más va a afectar es al productor, porque hoy tenemos costos de producción mucho más elevados”, explicó Cacho Ribeiro.

En agosto, el gobierno de Estados Unidos solicitó un panel internacional para resolver el desacuerdo con el gobierno mexicano en torno a la implementación del decreto. El mes pasado fueron seleccionados los tres integrantes del panel, que dará una resolución entre marzo y abril del próximo año.