Camila Ayala Espinosa | 17 de noviembre de 2026.

El campo mexicano enfrenta “la peor crisis que se ha visto en 49 años”, con una producción de maíz que ha retrocedido a niveles mínimos, incluso se suma el riesgo de que se dejen sin sembrar miles de hectáreas de sorgo y trigo en Tamaulipas, Sonora y hasta Sinaloa, expuso el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.
En entrevista con Proceso y derivado de la serie de manifestaciones de campesinos en todo el país y que piden que se rescate al campo mexicano, explicó que las políticas implementadas desde la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal han puesto al campo mexicano en “un punto de no retorno”, debido a que se eliminaron programas que daban certidumbre a los productores para sembrar, conseguir financiamiento y vender sus cosechas.
De acuerdo con el GCMA, en 1994 México producía el equivalente a 87% del maíz que consumía, pero para 2026 se estima que esa proporción disminuya a 47%, es decir, que el país ya depende más de las importaciones que de su propia producción para abastecer la demanda nacional de este grano.
Esto representa una pérdida de 40 puntos porcentuales en la autosuficiencia de maíz entre 1994 y 2026.
Para dimensionar el problema, de cada 100 toneladas de maíz que se consumen en México, los agricultores nacionales producirían únicamente 47, mientras que las otras 53 tendrían que conseguirse principalmente en el extranjero.
De acuerdo con el director del GCMA, tanto las sequías y el encarecimiento de los costos de producción como a las decisiones que se han tomado en materia de política agropecuaria, han mermado al campo mexicano.
Eliminaron mecanismos que daban certidumbre a agricultores
Especialmente desde la llegada de la Cuarta Transformación desaparecieron instrumentos como el ingreso objetivo, la agricultura por contrato y las coberturas de precios, que permitían a los agricultores contar con mayor certidumbre sobre los ingresos que recibirían por sus cosechas.
Por ejemplo, mediante el ingreso objetivo se buscaba garantizar un nivel de ingreso al productor a través de apoyos cuando los precios del mercado no eran suficientes, mientras que la agricultura por contrato permitía establecer acuerdos anticipados entre agricultores y compradores.
En el caso de las coberturas, su función era proteger a los productores frente a las variaciones en los precios internacionales, para evitar que una caída en el valor de los granos terminara por afectar sus ingresos.
Sin estos mecanismos, explicó, los agricultores tienen que invertir en semillas, fertilizantes, maquinaria y otros insumos sin tener la certeza de que, una vez levantada la cosecha, recibirán un precio suficiente para recuperar sus gastos.
Sin acceso a financiamiento
A esto se suma la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo, que otorgaba créditos al sector rural, en un momento en que conseguir recursos para sembrar sigue siendo uno de los principales problemas de los agricultores.
De acuerdo con GCMA, solamente 8% de los productores tiene acceso al financiamiento, lo que también limita sus posibilidades de adquirir tecnología, mejorar sus sistemas de producción y enfrentar problemas relacionados con el clima.
“También se han debilitado los mecanismos de aseguramiento agrícola, innovación y asistencia técnica, por lo que consideró que las políticas públicas terminaron por dejar a los agricultores con mayores riesgos y menos herramientas para continuar produciendo”, dijo.
Tamaulipas, Sonora y hasta Sinaloa podrían dejar de sembrar
Uno de los problemas que más preocupa al director del GCMA es lo que podría ocurrir durante el siguiente ciclo agrícola, debido a que la falta de rentabilidad ya está poniendo en riesgo la siembra de distintos granos en algunas de las principales entidades productoras del país.
En Tamaulipas, por ejemplo, Anaya auguró que podrían dejar de sembrarse entre 200 mil y 300 mil hectáreas, ante la falta de certidumbre que enfrentan los agricultores y los problemas de comercialización del sorgo.
El especialista explicó que este grano no cuenta con un programa específico de apoyo, por lo que los productores se encuentran expuestos a las condiciones del mercado, sin mecanismos suficientes que les permitan enfrentar los bajos precios o recuperar sus inversiones.
La situación también alcanza a Sonora, donde se prevé una reducción de las siembras de trigo y maíz debido a que los agricultores tampoco tienen certeza sobre los ingresos que podrían obtener por sus cosechas.
Sin embargo, uno de los casos que más llama la atención es Sinaloa, debido a que se trata de uno de los principales productores de maíz del país y, aun así, los agricultores podrían optar por dejar de sembrar ante los problemas de rentabilidad.
“En Sinaloa se va a dejar de sembrar maíz porque no es rentable ante las políticas públicas”, señaló.
El gobierno no puede obligar a las empresas a comprar más caro
Por otra parte, Anaya también señaló que, ante los problemas de comercialización del maíz nacional, se pretenda que las empresas adelanten sus compras y reduzcan las importaciones, sin resolver primero las condiciones económicas que enfrentan los agricultores.
Para él, el gobierno federal puede intervenir para acercar a productores y compradores, así como establecer mecanismos que faciliten los acuerdos comerciales, pero no puede determinar por sí solo los precios que deben pagar las compañías.
En este sentido, señaló que las autoridades deben participar en la concertación de las bases de comercialización, que permiten establecer las condiciones utilizadas para calcular el precio que reciben los agricultores por sus granos.
“El gobierno no compra ni vende”, sostuvo.
Fuente: Proceso
