Luis Rivera | 01 de mayo de 2026
Productores agrícolas en Veracruz pagan un «impuesto» al crimen organizado. El costo en este tipo de delitos se traslada al consumidor y eleva el precio de alimentos básicos, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y análisis académicos.
Un kilo de limón en Veracruz puede incluir hasta 4 pesos adicionales por cobro de piso, un costo que, sumado a extorsiones, seguros y rutas inseguras, eleva el precio final de alimentos básicos entre 10% y 20%, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y análisis académicos.
En regiones citrícolas como Martínez de la Torre y Álamo, el precio de producción dejó de depender del clima o del mercado y quedó sujeto a cuotas criminales que se imponen por kilo producido y por insumos agrícolas.
¿Cómo impacta el cobro de piso en la canasta básica en Veracruz?
El sistema de extorsión opera en cadena. Productores pagan hasta 4 pesos por kilo de limón o naranja, mientras enfrentan un sobreprecio del 20% en fertilizantes controlados por grupos delictivos.
La presión se traslada al consumidor. El ticket final no muestra ese costo, pero lo incorpora. El encarecimiento promedio nacional de alimentos básicos alcanza entre 10% y 20% cuando se consideran estas variables.
En el primer trimestre de 2026, al menos ocho productores fueron asesinados en la región tras negarse a pagar cuotas. Este factor incrementa el riesgo operativo y encarece la producción.
¿Qué regiones de Veracruz están bajo control de cobro de piso?
El fenómeno se concentra en zonas productivas del norte y centro del estado. Municipios como Martínez de la Torre y Álamo presentan esquemas consolidados de cobro por producción.
En la sierra del Totonacapan, en localidades como Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal y Filomeno Mata, la extorsión se trasladó a la hoja de maíz.
A los comercializadores se les exige, desde 2023, una cuota de 70 mil pesos por cosecha y 1,500 pesos por tonelada vendida semanalmente.
En Espinal, la actividad agrícola incluye 5,670 hectáreas de maíz hojero, 1,035 de naranja y 519 de limón, según estimaciones.
¿Cómo se transformó la economía agrícola bajo presión criminal?
La hoja de maíz, antes subproducto, se convirtió en mercado rentable en 2023. Una hectárea puede generar hasta ocho pacas con valor de 3,000 pesos cada una, lo que representa 24,000 pesos.
El auge alcanzó su punto máximo en 2020, cuando el precio por paca llegó a 5,500 pesos o 139 pesos por kilo. Ese incremento atrajo control criminal. La rentabilidad se convirtió en objetivo de extorsión sistemática.
¿Qué efectos tiene la violencia en producción y distribución?
Las consecuencias incluyen desapariciones, secuestros y ataques. Al menos tres comercializadores de hoja de maíz desaparecieron antes de la cosecha de invierno.
Compradores de zonas como Cazones y El Chote dejaron de acudir por razones de seguridad.
El impacto se extiende a rutas logísticas. El corredor Veracruz-Puebla registra costos de transporte hasta 30% más altos por riesgo.
En 2025, se registraron más de 16,000 robos al autotransporte en México, con pérdidas por 7,000 millones de pesos.
Las aseguradoras elevan primas o rechazan cobertura en rutas de alto riesgo.
¿Cómo se replica el modelo en otros estados?
De acuerdo con informes de Excélsior, en Michoacán, el aguacate registra un incremento de hasta 133% por extorsión. Los productores pagan cuotas por kilo y deben comprar combustible en puntos controlados.
El limón enfrenta un esquema similar con cobros de entre 1 y 4 pesos por kilo.
En Baja California Sur, grupos delictivos controlan la venta de pescados y mariscos, imponiendo proveedores a restaurantes.
En Tamaulipas, pescadores pagan 5 pesos por kilo capturado. En Matamoros, comerciantes reportan pagos de 500 pesos por camión.
En San Fernando, compradores pagan cuotas por kilo para trasladar mercancía.
¿Qué costos adicionales elevan los precios?
El diésel alcanza 28 pesos por litro. Las casetas aumentaron hasta 24.4% en rutas clave en abril de 2026.
Estos factores, sumados al cobro de piso, integran el costo final que impacta directamente al consumidor. El sistema de extorsión no solo afecta la producción, sino que redefine la cadena de suministro y los precios.
Fuente: Imagen del Golfo
