Mariana Otero | 27 de enero de 2026
En octubre de 2024, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Programa Nacional de Soberanía Alimentaria, con lo cual, además de impulsar al campo mexicano, se buscaba “producir lo que consumimos y a buenos precios para las familias mexicanas”, según detalló hace más de un año. Sin embargo, la realidad tomó otra ruta.
Para el cierre de 2025, cifras oficiales dieron cuenta de que México importó 47.9 millones de toneladas de granos y oleaginosas, con lo que alcanzó un máximo histórico al superar en 2.3 por ciento el monto de 2024. En lo que se refiere a maíz, las compras totales subieron 4.2% en volumen, de 23.6 a 24.5 millones de toneladas, con un alza de 6 por ciento en valor.
Una noticia que aleja a nuestro país de lograr la soberanía alimentaria es que el maíz blanco importado desde Estados Unidos dio un salto inédito: de 200 mil a 900 mil toneladas, es decir, 350 por ciento más, según cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que encabeza Juan Carlos Anaya.
Las cifras oficiales y de los especialistas en la materia chocan con los objetivos de autosuficiencia, y nos presentan una realidad que marcha en un carril paralelo: un mercado que demanda maíz y lo compra fuera.
Sequía, presas por debajo del promedio plurianual en zonas clave, menor capacidad de cobertura y acceso al financiamiento oportuno son algunos factores de impacto a los que debe sumarse una política que concentra apoyos en predios de hasta cinco hectáreas, mientras deja sin red de certidumbre de ingreso a quienes aportan el grueso del volumen que alimenta a la ganadería, a la industria almidonera y a la nixtamalización comercial.
En este contexto, la agenda gubernamental de precios de garantía y compras sociales tiene virtudes de inclusión, pero la crítica de analistas del GCMA es puntual: sin un mecanismo técnico que cubra el riesgo comercial del productor mediano y comercial, la brecha de importación seguirá abierta.
El Consejo Nacional Agropecuario coincide en el diagnóstico de fondo: abastecer a un mercado de 130 millones de consumidores con base en importaciones sistemáticas no es una estrategia de soberanía, es una contingencia permanente.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ofrece estabilidad de abasto, pero también nos vuelve vulnerables a decisiones unilaterales, a paneles y a ciclos de precios que no controlamos. La revisión del acuerdo en 2026 es ventana para fijar reglas claras en granos y para fortalecer instrumentos internos: crédito, coberturas, riego tecnificado, extensionismo y logística; no como lista de buenas intenciones, sino como política de Estado con presupuesto, metas y evaluación.
Para el consumidor el mensaje no es alentador, pues mantener el alza en las importaciones termina en presiones alcistas de los productos que más consumen los mexicanos. En resumen: si el campo produce menos y depende más del exterior, el hogar paga la factura en el súper.
La soberanía alimentaria no se decreta, se construye con productores pequeños integrados al mercado, con certidumbre para los productores medianos y comerciales, con agua disponible y bien gestionada, con sanidad robusta, con infraestructura que baje costos y con reglas que den previsibilidad a la inversión.
Agricultura, Hacienda, Medio Ambiente, Economía y Conagua deben fortalecer su coordinación interinstitucional y de cara a los gobiernos estatales; lo mismo con la banca de desarrollo y las cadenas compradoras, o de lo contrario las cifras seguirán reflejando una realidad lejana a la persistente idea de que México logre la soberanía alimentaria.
Fuente: El Heraldo de México
