Guillermo Knochenhauer | 27 de noviembre de 2025
Desde el sábado 15 de noviembre, cuando una manifestación convocada en contra de la violencia y la corrupción terminó en un violento enfrentamiento con policías —y en mensajes inmediatos de Trump enfatizando los “graves problemas de México”—, se han seguido reproduciendo eventos que llevan a pensar en la debilidad o incapacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para gobernar.
Esa narrativa la impulsa TV Azteca con falsedades e insultos, y otros medios de comunicación que son contrarios a la 4T. Las tensiones extremas entre adversarios políticos suelen tener ineludibles costos de oportunidades para los protagonistas y, sobre todo, para los sectores sociales que tienen verdaderos problemas y motivos de descontento.
Puede ser que en la orquestación de movilizaciones como las del sábado 15 y las de transportistas y agricultores que desde el lunes pasado bloquean carreteras en varias regiones del país, hayan intervenido intereses políticos, pero lo que es indudable es que razones no les faltan a esos sectores para estar inconformes con las políticas que les afectan.
Los transportistas se quejan del aumento de delitos de los que son víctimas y de la extorsión de autoridades a los choferes, mientras que los agricultores padecen caída de precios y aumentos de costos, situaciones “normales” de mercado contra las que el gobierno ha cancelado mecanismos de intervención que beneficiaban a los agricultores.
El cultivo del maíz es el más importante del campo mexicano y es el que tomaré como referencia de mi punto de vista, porque además su comercialización es semejante a la de otros cereales y oleaginosas.
Lo que hace por demás complicada la política agropecuaria es la polarización agraria y económica entre, por un lado, unidades de producción de grandes extensiones y uso de técnicas eficientes —aunque ambientalmente perjudiciales— en las que se alcanzan altos rendimientos, las cuales sólo conforman el 1 por ciento de las 4.4 millones del total de unidades productivas agropecuarias que hay en el país; en el otro extremo, produce el 86 por ciento de los campos, caracterizados por ser menores a cinco hectáreas.
Las prácticas de cultivo en tan reducida superficie son adecuadas al temporal, pero las toneladas de maíz que se cosechan por hectárea son casi cuatro veces menos que las que se levantan en las unidades de producción mayores a cincuenta hectáreas, que cuentan con riego, tecnología y financiamiento.
El caso es que, conforme a información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que dirige Juan Carlos Anaya, el 28 por ciento del maíz blanco se produce en el 86 por ciento de las unidades de producción y el 24 por ciento en las que constituyen el 1 por ciento.
México es autosuficiente en maíz blanco, así que el 48 por ciento faltante en la cuenta anterior se cosecha en predios que van de 5 a 50 hectáreas, los cuales constituyen el 13 por ciento de las unidades de cultivo de este cereal; 86, 13 y 1 por ciento nos revela la extrema polarización de la estructura agraria del país y de las muy diversas condiciones de producción y exposición a las condiciones de comercialización entre campesinos y agricultores.
Hay que decir que esa inconveniente estructura agraria no tiene modificación posible en el campo, ni en la política agropecuaria; es el reflejo de una estructura industrial que tiene escasa integración de actividades, que es maquiladora en su parte más dinámica y que, por consecuencia, tiene muy escasa capacidad de dar empleo a los jóvenes que lo buscan; desde hace décadas, los más emprendedores emigran a EU, o a la economía informal, y muchos se suman a la informalidad urbana.
Los agricultores que protestaron el lunes no son los muy grandes ni los que destinan su producción al autoconsumo, a mercados locales y a su reserva de semillas, sino esos propietarios con predios de entre 5 y 50 hectáreas, que venden el total de sus cosechas y son vulnerables a los vaivenes, a los cambios del mercado en costos y precios.
De acuerdo con el GCMA, “en el cultivo de maíz blanco del ciclo otoño-invierno en Sinaloa, los costos de producción han aumentado 47% en cinco años, pasando de 35,984 pesos por hectárea en 2020/21 a 52,901 pesos en 2025/26”.
En el mismo lapso, y según la misma fuente, los precios internacionales de granos han sufrido un descenso constante debido al récord mundial de cosechas de maíz, trigo y soya. Si en 2022 el maíz blanco alcanzó un precio máximo de 8,216 pesos por tonelada, regido por el precio internacional más otros gastos, en este 2025 el precio es de 5,587 pesos.
Movimientos de mercado como esos no son extraños, pero la política agropecuaria del gobierno disponía de instrumentos para dar certidumbre a los agricultores de que recibirían un precio que no los arruinara; para eso existía el Programa de Apoyos a la Comercialización, que ofrecía un Ingreso Objetivo superior a los costos de producción y a los de mercado si estos eran inferiores a los costos; existía también la Agricultura por Contrato, que antes de la siembra, anticipaba el precio de venta de las cosechas a la agroindustria.
Esos instrumentos desaparecieron durante el gobierno de López Obrador y muchos años antes habían desaparecido los precios de garantía, lo que deja a los agricultores medianos sin la certidumbre de que recibirán un precio rentable al cosechar.
Ante el comportamiento circunstancial del mercado, se les ha ofrecido agregarle 800 pesos al precio de mercado de 5,587 pesos por parte del gobierno federal y 150 pesos por parte de los gobiernos estatales del Bajío, lo que hace un total de 6,537 pesos por tonelada de maíz blanco, cifra con la que están inconformes.
Así las cosas, los líderes de la movilización y bloqueos que se mantienen reclaman lo que reciben como precio de garantía los productores con menos de cinco hectáreas de estados del sureste, que es de 7,200 pesos por tonelada.
En el fondo, los agricultores mercantiles reclaman la misma certeza que tienen los que producen alimentos básicos en todo el mundo, que no son apoyos circunstanciales, sino mecanismos que garanticen una relación rentable entre costos y precios, independientemente del comportamiento del mercado internacional.
Fuente: El Financiero
