Reflexiones de GCMA a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenibilidad
La ideología sobre las ciencias
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2024.
Es indiscutible la importancia de una legislación que garantice el derecho a una alimentación adecuada. No obstante, la propuesta actual para la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenibilidad ha sido influenciada significativamente por un grupo político minoritario que prioriza la ideología sobre la base científica.
Desde el inicio de la administración de López Obrador, se asignaron varios puestos clave a individuos cuyas políticas públicas están fuertemente influenciadas por sus ideologías, generando conflictos con miembros más moderados del gabinete. Este grupo formó el conocido Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (GISAMAC), que inicialmente no contaba con un marco legal sólido.
Los objetivos del GISAMAC incluyeron:
- Incrementar la producción nacional de productos básicos y estratégicos para contribuir al autoabasto campesino e indígena y a la autosuficiencia alimentaria nacional, con prácticas cooperativas, orientadas a la sustentabilidad, fomentando la producción local de semillas y otros bioinsumos.
- Incentivar la eficiencia en el procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos saludables, priorizando los productos provenientes de la pequeña y mediana agricultura, del sector social de la economía, la producción agroecológica y sustentable, mediante mecanismos incluyentes, justos y sostenibles, principalmente de organización bajo los principios y valores de la economía social solidaria
- Mejorar el acceso físico y económico a dietas saludables y sostenibles, y culturalmente adecuadas de todas las personas en el territorio nacional, especialmente de la población con carencia por acceso a la alimentación
- Contribuir en la reducción de la prevalencia de mal nutrición (sobrepeso, obesidad y desnutrición) mediante el fomento de hábitos de alimentación saludables
Sin embargo, las acciones del GISAMAC, incluyendo regulaciones sobre etiquetado de alimentos y la prohibición del glifosato y maíz transgénico, han generado considerable incertidumbre.
La reciente aprobación de la ley presenta problemas conceptuales, al intentar abordar múltiples aspectos —alimentación, producción, medio ambiente y competitividad— bajo una sola legislación, lo cual sobrecarga las capacidades administrativas a niveles federal, estatal y municipal sin asignar los fondos necesarios.
La ley estipula que las autoridades deben asegurar el acceso a alimentos y agua potable a quienes no puedan adquirir una canasta básica, imponiendo nuevas responsabilidades a estados y municipios sin fuentes claras de financiamiento. A esto se añade que, entre 2012 y 2018, programas similares como la Cruzada Nacional contra el Hambre recibieron críticas por su manejo y efectividad limitada.
México ha retrocedido en el Índice Mundial del Hambre publicado por la FAO pasando del lugar 23 al 42, lo que indica que las políticas actuales no han mejorado la producción de alimentos ni reducido la vulnerabilidad alimentaria.
Además, la ley impone restricciones sobre el uso de ciertos productos sin pruebas científicas concluyentes de su daño, generando más incertidumbre en el sector alimentario. Promueve también la Soberanía Alimentaria, un concepto que ningún país ha alcanzado plenamente y que podría contradecir los principios de seguridad alimentaria, definida como el acceso asequible a alimentos.
Un aspecto conflictivo de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenibilidad es su promoción de la Soberanía Alimentaria, un concepto que aún ningún país ha logrado concretar por completo. Mientras que la seguridad alimentaria se enfoca en garantizar el acceso asequible a los alimentos para toda la población, esta ley pretende que los pequeños productores no solo se autoabastezcan, sino también generen excedentes para el mercado nacional. Según la ley, estos excedentes de granos y semillas de los pequeños productores deben ser almacenados por el Gobierno Federal a través de la SADER, con el fin de crear una reserva estratégica. Sin embargo, el mantenimiento de dicha reserva implica altos costos asociados a la compra y gestión del inventario, además de generar especulación que podría afectar negativamente los precios de los granos, impactando desfavorablemente a los productores que la ley busca apoyar. En resumen, la gestión de estos excedentes podría tener repercusiones adversas para los mismos productores que se pretende beneficiar.
Finalmente, la obligación de comprar al menos el 15% de productos primarios de pequeños productores podría interferir con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin definir claramente qué constituye un “pequeño productor” y sin considerar los retos administrativos que ello implica.
El carácter de la Ley es punitivo, lo cual también invade la competencia de otras leyes como la General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Competencia, además de que establece el monto de sanciones.
México merece un mejor marco normativo. La objetividad tiene que prevalecer durante todo el proceso para evitar posteriormente la publicación de notas aclaratorias, adendas o demás instrumentos jurídicos que corrijan las deficiencias legislativas. Algunas de las propuestas que GCMA señalaría incluyen:
- Clarificación de términos y competencias: Definir claramente qué se entiende por “pequeño productor” y cómo se alinea esto con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Fundamentación Científica y Legal: Asegurar que cualquier restricción sobre sustancias consideradas dañinas se base en evidencia científica sólida y clara, evitando decisiones unilaterales sin alternativas viables.
- Financiamiento Sostenible: Establecer mecanismos de financiamiento claros y sostenibles para las nuevas obligaciones impuestas a los niveles estatales y municipales.
- Evaluación de Impacto: Implementar un sistema de evaluación continua para medir el impacto real de la ley en la seguridad alimentaria y en la reducción de la vulnerabilidad alimentaria en México.
- Simplificación: el multi espectro de querer solucionar todo en una ley hará muy complejo cumplir con todos los objetivos o buenas intenciones.
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