Elaborado por GCMA, con datos de CONAGUA, SEMARNAT, SHCP, UNAM y SADER.
El destino nos ha alcanzado, y el cambio climático cada vez se hace más presente en nuestras vidas. En los últimos meses hemos visto en las noticias la severa crisis por agua que asola a Nuevo León. El bajo nivel de las presas que abastece de agua a la zona conurbada de Monterrey se debe a la falta de lluvia, pero también se debe al desperdicio y falta de planeación de largo plazo de la infraestructura hídrica del país en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
El dilema al cual hoy se enfrentan las autoridades es la correcta distribución del líquido. En el caso de Nuevo León la distribución del vital líquido se encuentra entre brindar más agua a la ciudadanía a través de la red de agua potable, o destinarla a la actividad productiva (empresas agroalimentarias, de transformación como la metalúrgica o refinadora de gasolinas, o agropecuaria). La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 4º que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá́ las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” Y en los medios ha existido diversos pronunciamientos sobre la necesidad de que las empresas dejen de producir y explotar sus concesiones de agua en harás de contribuir con la sociedad.
¿La situación tan crítica que se está viviendo en Nuevo León y otros estados de la República se pudo haber evitado? Sin duda alguna. El problema no es reciente, tiene años deteriorándose la situación y la presente sequía simplemente fue la gota que derramo el vaso. ¿Qué es lo que ha pasado? La autoridad federal cada vez ha destinado menor gasto a las actividades sustantivas en áreas claves. En el caso de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) organismo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) vemos que cada vez destinan menos recursos -gasto corriente, si ese gasto que satanizan- a las actividades de supervisión sobre la explotación y uso del recurso agua. Además, a través de la supervisión también se revisa que las descargas de agua de los usuarios cumplan con lo establecidos en las diversas disposiciones.
En la siguiente tabla se puede observar que en términos nominales la actual administración ha incrementado el gasto corriente en las actividades de la CONAGUA, sin embargo, eso en términos reales el gasto cada vez ha sido menor en dicho rubro lo que ha impedido que se verifique que un recurso tan escaso como el agua se aproveche de la mejor manera. Ahora comprado con el tema de inversión en agua potable comparado con el último año de la administración Calderón o Peña el gasto en la presente administración ha sido mucho menor en términos nominales y reales. En cuanto al tema hidroagrícola recientemente ha mejorado la aportación en dicho rubro.
Antes de continuar es necesario señalar que las cifras que se presentan en la tabla anterior pudieran no tener consistencia con el anexo del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (mejor conocido como PEC), y esto se debe a que el Gobierno Federal por alguna razón decidió que solamente las acciones de la CONAGUA en materia de hidroagrícola impactan en el medio rural un 6.28% de su presupuesto. La pifia antes mencionada es un tema de preocupación sobre el cuidado que se le dedica al tema presupuestario, ejecución, seguimiento e impacto del gasto público en materias tan delicadas como cuidado del agua.
Continuando con el orden de ideas, ¿Cuál es el impacto del cambio climático en México? De acuerdo con el reporte realizado por la UNAM “La Economía del Cambio Climático en México” señala que de no cambiar la ruta de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050, México perderá 6.9% de su PIB potencial debido a dicho fenómeno. En el caso de la agricultura se estima que la perdida generada por menores rendimientos y aumento en la siniestralidad será de 1.8%, mientras que por la degradación del agua se estima que se perderá un 4% del PIB potencial.
Las actividades agropecuarias de acuerdo con la CONAGUA son una de las actividades que más gasto de agua generan (al igual que desperdicio), pero la inversión para mejorar los distritos de riego y unidades de riego disminuyeron sustancialmente en 3 años de la presente administración. En el caso de la SADER (antes SAGARPA) se contaba con otro subsidio complementario que era la tecnificación del riego en la parcela y con eso se cerraba el círculo virtuoso del manejo sustentable del agua. Es preocupante que en la última Encuesta Nacional Agropecuaria se observa un retroceso en el nivel de riego tecnificado en el país, ya que pasó de 70% de la superficie con uso de riego rodado en 2017 a 75% en 2019.
Referente a la producción de alimentos en México se ha hablado mucho sobre el potencial que tiene el sur sureste del país para poder crecer y volverse el motor del sector agroalimentario; sin embargo, la falta de infraestructura pública como carreteras, puertos marítimos, aduanas, personal capacitado, y estado de derecho hace poco atractivo que las empresas inviertan en dicha región. Respecto a los distritos de temporal tecnificado e infraestructura de conducción de agua de las presas para establecer distritos de riego en el sur sureste nos dimos a la tarea de revisar la cantidad de proyectos registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mecanismo necesario para asignar recursos públicos a inversión en dicha materia, y nos encontramos que existen pocos proyectos registrados y pocos recursos asignados.
Ahora en cuanto al manejo del agua de las presas para la producción en el norte del país vemos una mejoría con respecto al año anterior, pero no por ello se puede cantar victoria sobre el precario manejo del agua a nivel nacional. El cambio climático es una realidad y es una necesidad imperante a la colaboración entre los tres niveles de gobierno en la materia de planeación, regulación e inversión de largo plazo que garantice lo establecidos en la Constitución de nuestro país, y por otro lado la colaboración del sector privado para realizar inversiones que hagan viable las actividades económicas en el largo plazo. Caso contrario la viabilidad del país para las siguientes generaciones penderá de un hilo.
